Las
comunidades campesinas y nativas tienen raíces ancestrales de una estrecha
vinculación entre la tierra, la naturaleza y sus integrantes basando su
organización de forma efectiva en relaciones mixtas de profunda legitimidad, poder
y respeto real que configuran una institución que muy pocas veces es
comprendida por la institucionalidad formal que el Estado administra y en
general tampoco por la industria extractiva que ha planteado mal su relación
con ellas, situación que ha llevado a conflictos que han logrado paralizar importantes
proyectos en el Perú. En este escenario lamentablemente se ha logrado colgar
una multiplicidad de intereses particulares de ONGs antimineras que reciben
financiamiento extranjero y de lamentables intereses políticos locales por
lograr figuración y representatividad dentro del conflicto generado.
En
nuestro Perú existe una necesidad enorme de representatividad institucional,
materia en la que por cierto se ha trabajado poco, casi todos en las
Comunidades quieren representar algo, son presidentes de algo, se crean juntas,
presidencias, vicepresidencias y liderazgos de contenido frágil con poca
representatividad y una lamentable legitimidad que se mueve en función al calor
de la masa, la opinión y lo que piensen o sientan las mayorías a las que
principalmente temen pero dicen representar. Es lamentable pero cierto.
Por
el lado de la industria extractiva el error más grande ha sido tratar asimétricamente
a las comunidades, creerlos seres inferiores, tildarlos de politizados y hacer
tratos con intermediarios que no representan a la comunidad legitima. La
dirigencia real y el liderazgo en casi todas las comunidades es muchas veces
distinto al que está inscrito en los Registros Públicos cuyas dirigencias no
siempre tienen representatividad, tanto es el temor que no pueden ni siquiera negociar y requieren
hacer negociaciones frente a cientos de pobladores para evitar que piensen que
se han vendido a la empresa minera o petrolera. No es posible desarrollar
relaciones de largo plazo si antes no se
explora, investiga, analiza y formaliza el trato con una representación
legitima de los intereses de la comunidad campesina o nativa con la cual se
pretende establecer una relación de largo plazo. De igual forma no es posible
que las negociaciones terminen en contraprestaciones ilegitimas o retribuciones
desproporcionadas en relación al tamaño de la inversión o la rentabilidad que el proyecto va a
generar. Los casos son abundantes y generan justamente el argumento perfecto
para que los antimineros se legitimen como defensores de las comunidades.
Se
requiere una nueva forma de relacionarse con las comunidades y esa forma tiene
que ver con nivelar la mesa y establecer nuevos términos para lograr una
relación de largo plazo. Tal vez acá la palabra clave sea la CONTRIBUCION. Es
decir, si la empresa contribuye con la tecnología, el capital y el
conocimiento, el Estado contribuye con la institucionalidad, las reglas de
juego y de control, entonces las Comunidades pueden contribuir con el terreno
superficial y el trabajo necesario para desarrollar el proyecto. Estas
contribuciones suponen un reparto proporcional y equitativo al valor de la
inversión de lo que cada cual invierte para desarrollar el proyecto y puede
revertirse en acciones, utilidades o transferencia de fondos reales y ganancias
para todos los inversionistas involucrados. En el camino puede lograrse una
intensa transferencia tecnológica que potencialice el capital humano y genere
el progreso necesario para mejorar el nivel de vida en los alrededores,
generando trabajo, moviendo la rueda productiva de los proveedores, dinamizando
la economía y generando los impuestos que el Estado requiere para dar servicio
a todos los peruanos.
La
industria extractiva en general y la minería en particular no puede ni debe
reemplazar el papel del Estado, ni regalar paternalistamente a las comunidades
las cosas. Cada actor debe contribuir con su exacto papel y funciones. Si se
requiere construir un colegio, un sistema de abastecimiento de agua o una obra
de desague, la empresa puede contribuir con los materiales y la ingenieria, la
comunidad con el trabajo y el Estado con los permisos del caso si así lo
amerita el proyecto. El progreso no viene del regalo, el progreso viene del
trabajo y esfuerzo de todos. El beneficio puede lograrse si se logra que las
partes contribuyan para lograr desarrollar el proyecto y obtener beneficios de
sus resultados. Recuerden que al 2012 el Perú tiene un retraso de inversiones
en infraestructura de casi 38mil millones de dólares y el Estado tiene un
importante papel que desempeñar en ese proceso. En ese contexto las nuevas
asociaciones público-privadas pueden ser una solución complementaria que nos permita
vencer este reto a la competitividad. El resultado puede ser progreso y
beneficio para todos los peruanos.
De
igual forma es necesario que los programas de relaciones comunitarias de las
empresas extractivas sean capaces de contribuir en forma efectiva con las
Comunidades para que puedan articular la producción local vinculándose al
mercado, para el uso y promoción de sus productos y servicios, generando valor
agregado. Este proceso supone capacitación para adquirir la tecnología
necesaria que promueva la innovación y la entrega de productos y servicios
altamente competitivos que puedan llegar al mercado directamente obteniéndose
beneficios económicos y de reconocimiento tangibles incluyendo los relacionados
a los denominados productos de responsabilidad social que son altamente
preciados en los principales mercados del mundo.
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