miércoles, 26 de septiembre de 2012

Como asociar a las comunidades en la rueda productiva que la minería genera


Las comunidades campesinas y nativas tienen raíces ancestrales de una estrecha vinculación entre la tierra, la naturaleza y sus integrantes basando su organización de forma efectiva en relaciones mixtas de profunda legitimidad, poder y respeto real que configuran una institución que muy pocas veces es comprendida por la institucionalidad formal que el Estado administra y en general tampoco por la industria extractiva que ha planteado mal su relación con ellas, situación que ha llevado a conflictos que han logrado paralizar importantes proyectos en el Perú. En este escenario lamentablemente se ha logrado colgar una multiplicidad de intereses particulares de ONGs antimineras que reciben financiamiento extranjero y de lamentables intereses políticos locales por lograr figuración y representatividad dentro del conflicto generado.
En nuestro Perú existe una necesidad enorme de representatividad institucional, materia en la que por cierto se ha trabajado poco, casi todos en las Comunidades quieren representar algo, son presidentes de algo, se crean juntas, presidencias, vicepresidencias y liderazgos de contenido frágil con poca representatividad y una lamentable legitimidad que se mueve en función al calor de la masa, la opinión y lo que piensen o sientan las mayorías a las que principalmente temen pero dicen representar. Es lamentable pero cierto.
Por el lado de la industria extractiva el error más grande ha sido tratar asimétricamente a las comunidades, creerlos seres inferiores, tildarlos de politizados y hacer tratos con intermediarios que no representan a la comunidad legitima. La dirigencia real y el liderazgo en casi todas las comunidades es muchas veces distinto al que está inscrito en los Registros Públicos cuyas dirigencias no siempre tienen representatividad, tanto es el temor que  no pueden ni siquiera negociar y requieren hacer negociaciones frente a cientos de pobladores para evitar que piensen que se han vendido a la empresa minera o petrolera. No es posible desarrollar relaciones de largo plazo si antes no se  explora, investiga, analiza y formaliza el trato con una representación legitima de los intereses de la comunidad campesina o nativa con la cual se pretende establecer una relación de largo plazo. De igual forma no es posible que las negociaciones terminen en contraprestaciones ilegitimas o retribuciones desproporcionadas en relación al tamaño de la inversión  o la rentabilidad que el proyecto va a generar. Los casos son abundantes y generan justamente el argumento perfecto para que los antimineros se legitimen como defensores de las comunidades.
Se requiere una nueva forma de relacionarse con las comunidades y esa forma tiene que ver con nivelar la mesa y establecer nuevos términos para lograr una relación de largo plazo. Tal vez acá la palabra clave sea la CONTRIBUCION. Es decir, si la empresa contribuye con la tecnología, el capital y el conocimiento, el Estado contribuye con la institucionalidad, las reglas de juego y de control, entonces las Comunidades pueden contribuir con el terreno superficial y el trabajo necesario para desarrollar el proyecto. Estas contribuciones suponen un reparto proporcional y equitativo al valor de la inversión de lo que cada cual invierte para desarrollar el proyecto y puede revertirse en acciones, utilidades o transferencia de fondos reales y ganancias para todos los inversionistas involucrados. En el camino puede lograrse una intensa transferencia tecnológica que potencialice el capital humano y genere el progreso necesario para mejorar el nivel de vida en los alrededores, generando trabajo, moviendo la rueda productiva de los proveedores, dinamizando la economía y generando los impuestos que el Estado requiere para dar servicio a todos los peruanos.
La industria extractiva en general y la minería en particular no puede ni debe reemplazar el papel del Estado, ni regalar paternalistamente a las comunidades las cosas. Cada actor debe contribuir con su exacto papel y funciones. Si se requiere construir un colegio, un sistema de abastecimiento de agua o una obra de desague, la empresa puede contribuir con los materiales y la ingenieria, la comunidad con el trabajo y el Estado con los permisos del caso si así lo amerita el proyecto. El progreso no viene del regalo, el progreso viene del trabajo y esfuerzo de todos. El beneficio puede lograrse si se logra que las partes contribuyan para lograr desarrollar el proyecto y obtener beneficios de sus resultados. Recuerden que al 2012 el Perú tiene un retraso de inversiones en infraestructura de casi 38mil millones de dólares y el Estado tiene un importante papel que desempeñar en ese proceso. En ese contexto las nuevas asociaciones público-privadas pueden ser una solución complementaria que nos permita vencer este reto a la competitividad. El resultado puede ser progreso y beneficio para todos los peruanos.
De igual forma es necesario que los programas de relaciones comunitarias de las empresas extractivas sean capaces de contribuir en forma efectiva con las Comunidades para que puedan articular la producción local vinculándose al mercado, para el uso y promoción de sus productos y servicios, generando valor agregado. Este proceso supone capacitación para adquirir la tecnología necesaria que promueva la innovación y la entrega de productos y servicios altamente competitivos que puedan llegar al mercado directamente obteniéndose beneficios económicos y de reconocimiento tangibles incluyendo los relacionados a los denominados productos de responsabilidad social que son altamente preciados en los principales mercados del mundo.
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